El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que busca optimizar los criterios de distribución del canon y sobrecanon petrolero en el departamento de Loreto.


El congresista Ilich López Ureña, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, explicó que el proyecto tiene como objetivo corregir una exclusión originada por una norma anterior, la cual dejó fuera de la distribución del canon a diversas provincias y distritos, incluso a zonas directamente productoras.

Argumentó que la iniciativa modifica el artículo 8 de la Ley 24300, la cual establece que la renta comprende la totalidad de los impuestos directos percibidos por el Estado derivados de la explotación de recursos naturales.

López Ureña subrayó que la redistribución del canon debe regirse por tres indicadores fundamentales: la población total, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y los niveles de producción de hidrocarburos, conforme a los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).


Asimismo, detalló que del 40 % del total recaudado destinado a los gobiernos locales, se propone asignar: 15 % en función de la extensión territorial; 10 % para las capitales de provincia; 7.5 % para distritos productores y 7.5 % para distritos no productores.

Autonomía financiera de entidades públicas

La representación nacional aprobó, también por mayoría, el dictamen que deroga el numeral 15.3 del artículo 15 y del numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1441, del Sistema Nacional de Tesorería con el fin de fortalecer la autonomía financiera de entidades públicas.



La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones Soriano (APP) señaló que, dado que el presupuesto 2025 se financia parcialmente con los recursos alcanzados por estas disposiciones, su derogación no podrá aplicarse de manera inmediata. Por ello, indicó, se propone que la medida entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

En ese sentido, precisó que, en el proceso de programación presupuestaria de 2026, dichos recursos no serán considerados como parte de los ingresos ordinarios del Estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López Ureña (AP),respaldó la iniciativa y alertó que el D.L. 1441 afecta la autonomía financiera de las municipalidades.

Indicó que los recursos recaudados por los gobiernos locales como el impuesto predial o vehicular terminan en la Caja Única del Tesoro, administrada por el Poder Ejecutivo, lo cual representa un retroceso en el proceso de descentralización.

“El Ejecutivo argumenta que la Caja Única es un mecanismo de orden y control para redistribuir recursos; sin embargo, en la práctica ignora la realidad específica de cada distrito. Por ejemplo, en el distrito de Pariahuanca (Huancayo),la infraestructura vial está colapsando y los municipios no pueden responder con rapidez por no tener control sobre sus propios recursos”, sostuvo.

(FIN) NDP/RMCH /CVC
JRA
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Publicado: 15/4/2025