La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, expuso ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República las estrategias para poner fin a las malas prácticas que provocaron afectaciones en la salud en diversas regiones, por el servicio alimentario escolar.


En su presentación, resaltó la importancia del Decreto Supremo 006-2025-Midis, emitido el domingo, que aprueba la extinción del programa Wasi Mikuna y declara en emergencia el servicio alimentario escolar, entre otras medidas, para proteger la salud de 4.2 millones de escolares.

"Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, implementamos estrategias que tienen como prioridad, garantizar la continuidad del servicio alimentario escolar; sin estos productos que han puesto en riesgo la seguridad y la salud de la niñez”, afirmó la ministra.


“Reitero el compromiso del Gobierno de poner por delante a los más de 4.2 millones de escolares que reciben los alimentos, con una vigilancia extrema por parte del equipo del programa de alimentación escolar. En el Midis damos todo el esfuerzo para que estas lamentables situaciones no se repitan", agregó.

Urteaga explicó que se ha creado una Comisión de Transferencia que está a cargo del proceso de extinción del programa, de manera ordenada y responsable, teniendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2025. 

Añadió que el Midis viene trabajando el marco legal para revisar temas presupuestales y acciones respecto al fortalecimiento de otras modalidades, como la subvención económica y entrega de canastas de alimentos, entre otros mecanismos que se evalúan con especialistas y la cooperación internacional.



Atención médica y otras acciones


La ministra también detalló las acciones de atención médica inmediata y seguimiento de los escolares afectados en su salud, quienes en su totalidad fueron dados de alta e incorporados a sus clases, así como la paralización de los lotes de productos involucrados para su no consumo.

Además, informó sobre las acciones legales contra proveedores de alimentos por el presunto delito contra la seguridad pública, y sobre procesos judiciales iniciados y seguidos por el procurador del Midis, que suman más de 1,107 expedientes sobre delitos con implicancias de corrupción de funcionarios.

La titular del Midis destacó que un total de 20 funcionarios fueron destituidos por presuntos actos de corrupción en 2024, señalando que ocho de ellos eran jefes de Unidades Territoriales del extinguido programa Qali Warma.


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(FIN) NDP/CCH

Publicado: 14/4/2025
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