CONGRESISTA CERRÓN PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA QUE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL PODER JUDICIAL NO RECIBAN DINERO U OTRO TIPO DE APOYO DE ENTES PRIVADOS
El objetivo es preservar su imparcialidad y transparencia. También cierra el círculo a las consultorías provenientes de las ONG.
Con el objetivo de fortalecer la independencia, transparencia y legitimidad de las instituciones encargadas de la administración de justicia y del control institucional en el país, el congresista de la República, Waldemar Cerrón, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe al Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia y al Ministerio del Interior, recibir apoyo financiero, donaciones, becas, pasantías o cualquier forma de colaboración de entidades privadas, sean estas nacionales o internacionales.
Esta propuesta legislativa surge en un contexto de creciente preocupación por la posible injerencia de intereses particulares en decisiones que deben regirse estrictamente por los principios de neutralidad, objetividad e independencia.
En los últimos años, diversos sectores de la sociedad civil, así como organismos especializados en gobernanza, han alertado sobre los riesgos de que instituciones fundamentales para la democracia
mantengan vínculos económicos o logísticos con actores privados, lo que podría comprometer su autonomía y generar conflictos de interés.
Para hacer efectivo lo referido es necesario fortalecer la fijar una regla prohibitiva para evitar de que las entidades públicas vinculadas con la administración de justicia en el país, reciban apoyo financiero, donaciones, subsidios, becas, pasantías o cualquier forma de apoyo provenientes de fuentes extranjeras cooperantes, entidades privadas o no gubernamentales nacionales o internacionales no sujetas a control u otro, lo que implica una medida esencial para garantizar su independencia y autonomía.
Asimismo, la influencia de actores privados con intereses particulares puede condicionar la labor de estas entidades, favoreciendo agendas ajenas al bienestar general de la sociedad. Esto podría traducirse en una justicia sesgada, en decisiones orientadas a proteger intereses específicos y en una fiscalización ineficaz, lo que afectaría gravemente la institucionalidad democrática.
FUNDAMENTOS DEL
PROYECTO
La iniciativa parte de la premisa de que la justicia y el control del poder deben estar blindados frente a cualquier forma de influencia externa, especialmente cuando esta proviene de entidades privadas que pudieran tener intereses específicos en decisiones o procesos que esas instituciones deben resolver.
Según el texto del proyecto, el objetivo es “preservar la credibilidad y legitimidad de las entidades responsables de impartir justicia, garantizar la constitucionalidad y controlar el buen uso de los recursos públicos”, asegurando que sus decisiones estén basadas únicamente en la ley, la evidencia y el interés público, y no condicionadas por vínculos externos, por más bienintencionados que parezcan.
Asimismo, la ley contempla la excepción de los apoyos provenientes de organismos multilaterales públicos —como la ONU, la OEA o el BID— siempre que estos estén canalizados a través del Estado peruano y bajo estrictos mecanismos de rendición de cuentas.
BENEFICIOS PARA LA
CIUDADANÍA
Entre los principales beneficios de la aprobación de este proyecto representaría un paso clave en el fortalecimiento del Estado de derecho
en el Perú. Entre los principales beneficios que se anticipan destacan:
Además, se fortalecería la independencia judicial al eliminar cualquier posible presión o condicionamiento por parte de entidades privadas, se asegura que las decisiones judiciales y administrativas respondan exclusivamente al marco legal y no a intereses particulares. Igualmente se incrementa la confianza ciudadana al transparentar las fuentes de financiamiento y colaboración de las instituciones de justicia y control, se refuerza la confianza de la población en su imparcialidad y legitimidad.
Igualmente se previenen los conflictos de interés. La norma permitirá cerrar brechas por donde pueden colarse influencias indebidas, evitando situaciones en las que funcionarios o entidades se vean favorecidos por haber recibido previamente apoyo logístico, económico o académico.
Otro aspecto es el fortalecimiento del principio de igualdad ante la ley en la medida en que se limita la posibilidad de que actores con mayor poder económico puedan generar vínculos con instituciones clave del Estado, se garantiza un trato igualitario para todos los ciudadanos ante la justicia y el control del poder.
UN LLAMADO AL DEBATE
PÚBLICO
El proyecto ha sido ya derivado a las comisiones respectivas para su análisis, donde se espera un debate amplio y técnico. El Congreso ha invocado a los distintos sectores de la sociedad —incluidos gremios profesionales, universidades, organizaciones civiles y expertos en derecho— a participar en las audiencias públicas que se organizarán en las próximas semanas.
Desde el Legislativo se ha señalado que esta norma no busca obstaculizar la cooperación institucional ni el acceso a oportunidades de formación, sino garantizar que toda ayuda se canalice de forma transparente y sin comprometer los principios fundamentales del servicio público. De aprobarse, esta ley marcaría un hito en la consolidación de un sistema de justicia realmente autónomo, confiable y al servicio de todos los peruanos.