Organizaciones sociales exigen medidas cautelares ante la CIDH para proteger a migrantes y población negra en São Paulo, tras el asesinato de Ngange Mbaye, quien fue baleado al intervenir en un operativo contra comerciantes ambulantes.
La violencia policial en Brasil vuelve a estar en el centro del debate tras la muerte de Ngange Mbaye, un vendedor ambulante senegalés de 34 años, baleado el viernes pasado en São Paulo cuando intentó ayudar a una compañera durante un operativo municipal contra el comercio informal. El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, muestra el momento en que agentes agreden a Mbaye con una porra, él responde con una barra de hierro y recibe un disparo mortal.
Versiones enfrentadas y reclamos de justicia
Mientras la Policía Militar justificó el accionar alegando que Mbaye atacó a un agente, testigos y familiares sostienen que el senegalés solo intentó proteger los bienes de su compañera. «Estaba almorzando cuando vio que la policía confiscaba las mercancías. Quiso ayudar y lo mataron», declaró Mamadou Tiam, primo de la víctima.
El caso generó una ola de protestas. Decenas de migrantes africanos y organizaciones sociales marcharon en São Paulo exigiendo la renuncia del secretario de Seguridad, Guilherme Derrite, señalado por avalar la violencia institucional. Además, 66 entidades presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se implementen medidas de protección urgentes para la comunidad negra y migrante.
Racismo y violencia sistémica
Las organizaciones acusaron al gobierno de Tarcísio de Freitas de fomentar la impunidad y la represión contra grupos vulnerables. «Este caso expone cómo el Estado trata como desechables las vidas de negros, migrantes y pobres», denunció el Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía Inmigrante.
La CIDH fue instada a garantizar una investigación imparcial y sanciones para los responsables. Mientras tanto, la presión social crece: colectivos exigen reformas estructurales en los operativos policiales y políticas públicas que protejan a los trabajadores informales, mayoría migrantes en ciudades como São Paulo.
El crimen de Mbaye reavivó las críticas a un modelo de seguridad que, según activistas, criminaliza la pobreza y discrimina por origen racial. Las calles brasileñas claman por justicia, pero el temor a nuevos episodios de violencia persiste entre quienes, como Mbaye, solo buscaban ganarse el pan.