La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, expuso ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, las estrategias para poner fin a las malas prácticas que provocaron las afectaciones en la salud en diversas regiones, por el servicio alimentario escolar.

Durante su presentación, detalló la importancia del Decreto Supremo 006-2025-Midis, emitido anoche, que aprueba la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, con la suspensión de las modalidades de productos y raciones, y que declara en emergencia el servicio alimentario escolar, entre otras medidas, para proteger la salud de 4.2 millones de escolares.

«Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, implementamos estrategias que tienen como prioridad, garantizar la continuidad del servicio alimentario escolar; sin estos productos que han puesto en riesgo la seguridad y la salud de la niñez”, afirmó la ministra.

“Reitero el compromiso del Gobierno de poner por delante a los más de 4.2 millones de escolares que reciben los alimentos, con una vigilancia extrema por parte del equipo del programa de alimentación escolar. En el ministerio estamos dando todo el esfuerzo para que estas lamentables situaciones no se repitan», agregó la titular del Midis.

Urteaga explicó que se ha creado una Comisión de Transferencia que está a cargo del proceso de extinción del programa, de manera ordenada y responsable, teniendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2025.

Añadió que el Midis emitirá resoluciones y viene trabajando el marco legal para revisar temas presupuestales, y acciones respecto al fortalecimiento de otras modalidades, como la subvención económica que viene desarrollándose con importantes resultados, con vigilancia y acompañamiento del sector; así como la entrega de canastas de alimentos, entre otros mecanismos que se trabajan con especialistas y la cooperación internacional.

La ministra también detalló las acciones de atención médica inmediata y seguimiento de los escolares afectados en su salud, quienes en su totalidad fueron dados de alta e incorporados a sus clases, así como la paralización de los lotes de productos involucrados para su no consumo.

Además, informó sobre las acciones legales contra proveedores de alimentos por el presunto delito contra la seguridad pública, y sobre procesos judiciales iniciados y seguidos por el procurador del Midis, que suman más de 1107 expedientes sobre delitos con implicancias de corrupción de funcionarios.

La titular del Midis destacó que un total de 20 funcionarios fueron destituidos por presuntos actos de corrupción en 2024, señalando que ocho de ellos eran jefes de Unidades Territoriales del extinguido programa Qali Warma.