La presidenta Dina Boluarte, en mensaje al país el 12 de diciembre de 2024, y rodeada de sus ministros, aseguró que revelaría cualquier información sobre su cirugía por salud, pero ahora pide al Juez Supremo, Juan Carlos Checkley que no revele su historial médico.
Acostumbrada a mentir en sus mensajes a la Nación, la mandataria dijo, “cuando se dignen en citarme y el Ministerio Público haga su trabajo renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico».
Pero en la audiencia en privado, de este viernes 4 de abril, según Cuarto Poder, la presidenta pidió al juez a cargo, Juan Carlos Checkley, no aceptar el pedido fiscal, porque en su opinión, “la denuncia es inconstitucional”.
“Solicito a su despacho, cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica». Según el reportaje, lo solicitó con una voz calmada y pausada distinto al tono que usa en sus apariciones públicas.
De esta forma, Boluarte le pide a la Corte Suprema que no se autorice el levantamiento de su secreto médico, lo que es totalmente contrario a lo que dijo a los peruanos, sobre que colaboraría con la justicia para aclarar todo en torno a su presunto abandono de funciones.
Según se informó, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el “levantamiento del secreto profesional médico de la mandataria” en el marco de la investigación por una supuesta intervención quirúrgica el 28 de junio de 2023.
Pero en la última audiencia que fue virtual y presencial y donde este pedido fue evaluado, la jefa de Estado se negó rotundamente a que el cirujano Mario Cabani y otros doctores de la clínica Sanna rompan su secreto profesional por orden judicial y brinden detalles sobre la operación a la que se sometió la mandataria.
Es más, Dina Boluarte dijo que, «en esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados de mi atención, de mi salud. Por eso, he ingresado a la audiencia para pedir a su despacho que cautele la privacidad de mis atenciones médicas», insistió.
En los 10 minutos que intervino Boluarte, no desaprovechó la ocasión para atacar a la Fiscalía diciendo que, «la denuncia es totalmente inconstitucional, porque la única forma de que la presidenta haga abandono de su trabajo, abandono de su función de ejercer la presidencia, es que al irse del país sin autorización del Congreso o que, habiendo sido autorizada por un asunto oficial, esta no haya regresado en el plazo que se haya establecido, por todo lo demás el Ministerio Público está generando gastos innecesarios al Estado en esta investigación».
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