Militares vigilan con drones, patrullas y helicópteros los pasos fronterizos ante el riesgo de violencia por bandas criminales durante la segunda vuelta electoral de este domingo.
Ecuador reforzó su seguridad nacional con un masivo despliegue militar y decretó el estado de excepción en siete provincias antes del balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González.
El Gobierno activó patrullajes intensivos en pasos legales e ilegales de las fronteras con Colombia y Perú, mientras impide el ingreso de extranjeros hasta la medianoche del lunes 14 de abril.
Más de 1700 militares ecuatorianos vigilan la zona norte, especialmente en Rumichaca, El Palmar, Puerto El Carmen y Puerto Mestanza, coordinando acciones con tropas colombianas en Ipiales y Mataje.
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El Ejército explicó que las operaciones buscan evitar atentados, controlar delitos transfronterizos y garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral en un contexto de creciente inseguridad interna.
En las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, se han establecido controles fijos y móviles en puntos estratégicos como Chical, Tufiño, Santa Bárbara y el puente internacional del río San Miguel.
Noboa emitió un decreto presidencial que limita el ingreso de extranjeros por 72 horas, señalando que en la frontera se detectaron actividades ilícitas vinculadas a bandas armadas organizadas.
Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno” debido a la violencia criminal, lo que lo ha convertido en uno de los países más peligrosos de la región.
La media actual de un asesinato por hora encendió todas las alarmas del Ejecutivo, que decidió cerrar las fronteras como medida preventiva para proteger a los votantes y al sistema democrático.
Las fuerzas armadas ejecutan operaciones aéreas, terrestres y fluviales en los sectores más vulnerables, con tecnología y coordinación binacional para frenar cualquier intento de alterar la jornada electoral.
En paralelo, el Ejército también refuerza la vigilancia en zonas donde operan foráneos vinculados a la minería ilegal, especialmente en Chical, El Cielito y Buenos Aires, al norte del país.
Autoridades de ambos países aseguraron que, hasta el momento, el orden público permanece bajo control, aunque se mantienen en alerta máxima ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la votación.